Google insta a los editores a decidir si quieren aparecer o no en su buscador

El pasado 14 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que ya ha iniciado su tramitación en el Congreso y que recoge que los agregadores de contenidos en Internet como Google deberán pagar a los titulares de derechos de autor por el uso que hagan de sus obras. La respuesta de Google no se ha hecho esperar: ha instado a los editores españoles a que decidan si quieren aparecer en los resultados de la Búsqueda de Google, en Google Noticias, en ambos o en ninguno.

Según Luis Collado, director de Alianzas Estratégicas para Google Noticias, el objetivo es “acercar a los lectores a las mejores y más relevantes fuentes de información y conocimiento, así como con opiniones y puntos de vista autorizados de todo el planeta” y los editores “tienen un control absoluto sobre su presencia en Google Noticias” porque existen herramientas “fáciles de utilizar” “que permiten decidir a los editores si aparecer en Google Noticias o no”.

Google argumenta que su servicio, en el que “no hay publicidad”, puede ayudar a los medios a beneficiarse de mayores índices de audiencia y que el hecho de que aparezca un titular y un fragmento breve de texto está orientado a que el lector esté el menor tiempo posible en Google Noticias y se dirija a la web del editor. “Recibimos muchas más solicitudes de inclusión en Google Noticias que de exclusión, porque muchos editores se dan cuenta de la ventaja que supone que su contenido pueda ser descubierto por nuevos lectores o espectadores”, explicado Collado.

A este mismo respecto se ha referido la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) , que ha apuntado que “son los propios editores quienes tienen la capacidad para proteger sus contenidos y decidir si permiten técnicamente o no a los agregadores acceder a los mismos para indexarlos” y que ha señalado además que el hecho de no permitir la renuncia por parte de los editores a la compensación, puede “colisionar con los modelos de negocio de los propios autores en relación a cómo gestionar libremente sus derechos de propiedad intelectual en búsqueda a un mayor rendimiento de su esfuerzo”.

De hecho, en los últimos días son varias las organizaciones y colectivos que se han pronunciado contra la tasa de la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Ejemplo de ello es la Asociación Española de Editores y Publicaciones Periódicas (AEEPP), que ha manifestado que la ley “supone la amenaza de un retroceso para España en el panorama digital”. “Debe haber una compensación justa por el trabajo y el esfuerzo realizado por todos los agentes del sector, pero estamos en contra de imponer nuevas tasas y cánones generalizados que solo van a conseguir retrasar la incorporación de nuestras empresas al mundo digital”, explican.

Otra de las voces sobre el tema es la iniciativa #CanonAEDE, que ha publicado una “declaración conjunta de la red y los autores culturales” sobre diversos artículos de la LPI en la piden que se garantice “la sostenibilidad de los creadores digitales en su conjunto, no solo de una parte”.

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